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Diana Salazar , fiscal General del Estado, encargada de la acusación contra exfuncionarios públicos y privados.
Quito, 7 de abril del 2020.- El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró culpables al expresidente Rafael Correa, y el exvicepresidente Jorge Glas como autores de cohecho agravado. Los sentenció a 8 años de pena privativa de libertad, ambos pierden sus derechos políticos por 25 años.
Según los jueces que conformaron el Tribunal, la Fiscalía demostró que los funcionarios públicos recibieron dineros que eran reportados al nivel jerárquico superior, es decir a Rafael Correa y al vicepresidente Jorge Glas.
Es decir, cometieron cohecho. Por esta razón fueron sentenciados sobre el pedido de la fiscal General, Diana Salazar, sobre la base a la cláusula de equivalencia, que no es otra cosa que aplicar la misma pena en la calidad de autor a quien entrega y a quien recibe, solicitó que a los “cohechadores” se les aplique la misma pena que a los funcionarios públicos que recibieron los sobornos y así tengan el mismo tratamiento de participación.
Además fueron sentenciados como autores directos, Jorge Glas, Alexis Mera, María Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez y Laura Terán; el exlegislador Christian Viteri; y la asambleísta Viviana Bonilla.
Las asesoras de Correa Delgado, por orden de los jueces León, Saquicela y Rodríguez, se les redujo la pena, por la cooperación que dieron en el caso. Martínez recibió una sentencia de 38 meses y Terán una de 19 meses.
Los 10 ciudadanos quienes supuestamente entregaron los sobornos son: Víctor Fontana, Rafael Córdova, Bolívar Sánchez, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Alberto Hidalgo, Teodoro Calle, Pedro Verduga, Mateo Choi y William Phillips como autores directos, acusados por la Fiscalía General.
También, los jueces ratificaron la inocencia de Yamil M. debido a que no existió acusación fiscal en su contra.
La resolución fue dada a conocer la tarde de este martes 7 de abril, con la presencia de la fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, luego de 13 días de audiencia de juzgamiento.
El juez Iván León señaló que la víctima del delito es el Estado y que tras un análisis el Tribunal considera, que el delito está probado y que Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción. Por lo tanto el Tribunal aplicó una condena de 8 años.
La Fiscal General presentó 100 pruebas documentales, así como 135 facturas que corroboraron que las empresas cancelaron a las proveedoras de servicios del movimiento Alianza País y del Gobierno de turno. Además de 34 pruebas testimoniales, entre testigos, peritos y tres testimonios anticipados que respaldaron la acusación fiscal. Todo ello permitió que el Tribunal pueda tomar la decisión de sentenciar a los procesados.
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