Domingo 28 | Cinco noticias

IESS es viable la solución a corto plazo

 La situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social continúa siendo uno de los principales desafíos fiscales y sociales del Ecuador.

Deuda del Estado con el IESS

Según información difundida en 2026, la deuda acumulada del Estado con el IESS supera los USD 27.000 millones, incluyendo obligaciones por salud, pensiones, prestaciones a jubilados y otros compromisos históricos.

La reforma a la Ley de Seguridad Social aprobada en 2024 estableció que el Estado debe suscribir un acuerdo para cancelar esta deuda en un plazo de hasta diez años.

Recursos presupuestados para 2026

El Gobierno informó que para 2026 se contemplaron recursos destinados al IESS:

• Aproximadamente USD 3.600 millones para seguridad social.

• Cerca de USD 600 millones destinados al pago de deuda histórica.

• Entre USD 250 millones y USD 350 millones para obligaciones relacionadas con salud, sujetas a auditorías y validaciones.

Además, entre enero y mayo de 2026 el Estado transfirió USD 927 millones al IESS por el aporte estatal del 40 % para financiar jubilaciones y pensiones de montepío.

Informes y observaciones de comisiones

Diversas comisiones de la Asamblea Nacional y organismos de control han señalado preocupaciones recurrentes:

• Sostenibilidad del fondo de pensiones.

• Crecimiento de la deuda estatal con el IESS.

• Desabastecimiento de medicinas e insumos en hospitales.

• Necesidad de auditorías actuariales independientes.

• Riesgos fiscales derivados del financiamiento de prestaciones sin respaldo financiero suficiente.

Principales problemas identificados

1. Envejecimiento de la población afiliada y aumento de jubilados.

2. Insuficiencia de aportes para cubrir todas las pensiones.

3. Deuda histórica del Estado.

4. Problemas de gestión y compras públicas en algunos hospitales.

5. Presiones sobre los fondos de salud y pensiones.

Resumen histórico de la deuda del Estado con el IESS (2001-2026)

La deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no se originó en un solo gobierno. Se ha acumulado durante más de dos décadas por obligaciones relacionadas con salud, pensiones, Seguro Social Campesino, devolución del IVA y otros compromisos legales.

2001-2006: Gobierno de Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio

• Se consolidó la obligación estatal de financiar la atención médica de jubilados.

• Comenzaron a acumularse valores pendientes por prestaciones de salud y otras obligaciones.

• El sistema de pensiones todavía mantenía una relación relativamente favorable entre afiliados y jubilados.

2007-2014: Gobierno de Rafael Correa

• El Estado continuó financiando el aporte del 40% para las pensiones jubilares.

• Se incrementó el uso de recursos del IESS y del BIESS para financiar inversión pública mediante adquisición de bonos estatales.

• Crecieron los cuestionamientos sobre la sostenibilidad actuarial de los fondos.

2015: Punto de inflexión

• La Ley de Justicia Laboral eliminó el aporte estatal fijo del 40% para las pensiones jubilares.

• Diversos estudios actuariales señalaron que esta decisión afectó significativamente al Fondo de Pensiones.

• Posteriormente, la Corte Constitucional determinó que el Estado debía retomar ese financiamiento.

2015-2017: Últimos años de Correa

• Se acumularon obligaciones relacionadas con pensiones y salud.

• Estudios posteriores estimaron impactos de varios miles de millones de dólares sobre el Fondo de Pensiones.

2017-2021: Gobierno de Lenín Moreno

• Se reconoció públicamente la existencia de una deuda histórica con el IESS.

• En 2020 se realizaron pagos parciales para reducir atrasos en el aporte estatal.

• La deuda por el 40% de las pensiones aún superaba los USD 2.000 millones en 2020.

2021-2023: Gobierno de Guillermo Lasso

• El Gobierno sostuvo que había transferido miles de millones al IESS por pensiones y salud.

• Sin embargo, durante 2023 se produjeron atrasos importantes en las transferencias del aporte estatal del 40%.

• El IESS estimó una deuda histórica superior a USD 12.500 millones a mediados de 2023.

2024: Reforma legal

• La Asamblea aprobó reformas a la Ley de Seguridad Social.

• Se dispuso la conciliación de las cifras entre el Ministerio de Finanzas y el IESS.

• Se estableció un plazo máximo de diez años para que el Estado pague la deuda histórica reconocida.

2025-2026: Gobierno de Daniel Noboa

• Los procesos de conciliación elevaron las estimaciones de la deuda acumulada.

• Informes del IESS señalaron una deuda consolidada superior a USD 24.000 millones hasta finales de 2024, mientras otras estimaciones la ubican por encima de USD 27.000 millones en 2026.

• Entre enero y mayo de 2026 el Estado transfirió USD 927 millones por el aporte del 40% a las pensiones.

Principales conclusiones de las comisiones y expertos

1. El problema principal ya no es solo la deuda histórica, sino el déficit estructural del sistema de pensiones.

2. Actualmente existen aproximadamente tres afiliados activos por cada jubilado, cuando se requerirían alrededor de ocho para sostener el sistema bajo las condiciones actuales.

3. El déficit anual del fondo de pensiones supera los USD 4.000 millones.

4. Sin reformas profundas, el IESS enfrentará crecientes dificultades para financiar pensiones y salud en las próximas décadas.

Evolución aproximada de la deuda reclamada al Estado

Año	Estimación aproximada
2020	USD 2.085 millones (40% pensiones)
2023	USD 12.518 millones (deuda histórica)
2024	USD 24.233 millones (cálculo consolidado con intereses)
2026	Más de USD 27.000 millones (según estimaciones recientes)

Posibles soluciones para el IESS en el corto y mediano plazo

La mayoría de especialistas coinciden en que no existe una solución única. Se requiere una combinación de medidas financieras, administrativas y legales.

Corto plazo (1 a 3 años)

1. Cumplimiento del pago de la deuda estatal

• Establecer un cronograma obligatorio y verificable para cancelar la deuda histórica.

• Transferencias periódicas y automáticas desde el Presupuesto General del Estado.

• Priorizar el financiamiento de salud y pensiones.

2. Mejorar la gestión hospitalaria

• Reducir compras emergentes y sobreprecios.

• Fortalecer controles de inventarios de medicamentos.

• Digitalizar procesos y expedientes médicos.

• Combatir la corrupción en contratación pública.

3. Recuperación de cartera

• Cobrar de manera más eficiente las obligaciones patronales pendientes.

• Facilitar convenios de pago para empleadores morosos.

• Incrementar controles contra la evasión de aportes.

4. Auditorías técnicas independientes

• Auditorías actuariales internacionales.

• Determinar con precisión la situación de los fondos de pensiones, salud y riesgos del trabajo.

• Publicación periódica de resultados para garantizar transparencia.

5. Profesionalización de la administración

• Designación de autoridades mediante concursos técnicos.

• Reducir la influencia política en la gestión del IESS.

Mediano plazo (3 a 10 años)

1. Reforma integral del sistema de pensiones

Entre las alternativas analizadas por expertos:

• Incremento gradual de la edad de jubilación.

• Aumento progresivo de años de aportación.

• Ajustes en fórmulas de cálculo de pensiones futuras.

• Mecanismos de jubilación flexible según años de contribución.

2. Ampliar la base de afiliados

• Incentivos para formalizar empleo.

• Incorporación de trabajadores independientes y economía digital.

• Programas especiales para jóvenes emprendedores.

3. Fortalecimiento del BIESS

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

• Mejorar la rentabilidad de inversiones.

• Diversificar portafolios con criterios técnicos.

• Reducir concentración en deuda pública.

4. Fondo de reserva para pensiones

• Crear mecanismos que permitan acumular recursos durante períodos de crecimiento económico.

• Evitar que futuras crisis afecten el pago de jubilaciones.

5. Acuerdo nacional sobre seguridad social

• Participación de jubilados, afiliados, empleadores, trabajadores y Estado.

• Reformas consensuadas para garantizar estabilidad a largo plazo.

Medidas más urgentes

Los especialistas suelen señalar tres prioridades inmediatas:

1. Pago efectivo y sostenido de la deuda estatal.

2. Control del gasto y combate a la corrupción en salud.

3. Reforma actuarial basada en estudios técnicos.

Sin estas medidas, el principal riesgo no es una suspensión inmediata de las pensiones, sino un deterioro progresivo de la sostenibilidad financiera del sistema y de la calidad de los servicios de salud para afiliados y jubilados.

Plan de Gobierno y objetivos permanentes

 

1. Plan de acción inmediata (junio–diciembre 2026)

Seguridad y crimen organizado

Objetivo: recuperar control territorial y reducir homicidios, extorsión y narcotráfico.

Medidas:

• Intervención integral en puertos, cárceles y fronteras.
• Depuración y fortalecimiento de inteligencia policial y militar.
• Unificación de bases de datos de Fiscalía, Policía, Aduana y UAFE.
• Protección urgente a jueces, fiscales y testigos.
• Plan especial para provincias con mayor violencia como Manabí, Esmeraldas, Guayas y Los Ríos.
• Recuperación de cárceles mediante control tecnológico y aislamiento real de líderes criminales.

Economía y empleo

Objetivo: detener deterioro económico y generar empleo rápido.

Medidas:

• Plan emergente de inversión pública en carreteras, agua potable y hospitales.
• Incentivos tributarios temporales para pequeñas y medianas empresas que contraten empleo formal.
• Créditos productivos baratos para agricultura, pesca y emprendimientos.
• Reactivación de sectores estratégicos: turismo, construcción y agroexportación.
• Pago acelerado de deudas del Estado con proveedores y municipios.

Energía e infraestructura

Objetivo: evitar crisis eléctricas y asegurar abastecimiento.

Medidas:

• Mantenimiento urgente del parque hidroeléctrico.
• Contratos transparentes para generación térmica temporal.
• Incentivos para energía solar privada e industrial.
• Recuperación de redes de transmisión y distribución.

Salud pública

Objetivo: estabilizar sistema sanitario.

Medidas:

• Compra transparente de medicamentos.
• Prioridad a hospitales del IESS y MSP con mayor déficit.
• Digitalización de historias clínicas y abastecimiento.
• Campañas de prevención de diabetes, desnutrición y salud mental.

Educación y juventud

Objetivo: evitar que jóvenes entren a redes criminales.

Medidas:

• Retorno seguro y completo a jornadas educativas.
• Becas técnicas rápidas en tecnología, mecánica, logística y agroindustria.
• Escuelas deportivas y culturales en barrios de alto riesgo.
• Programa nacional de primer empleo juvenil.

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2. Políticas de largo aliento (10–30 años)

Estas deberían convertirse en “objetivos permanentes del Estado”, independientemente del gobierno de turno.

Seguridad como política de Estado

• Profesionalización total de Policía y Fuerzas Armadas.
• Reforma penitenciaria profunda.
• Sistema nacional de inteligencia moderno.
• Cooperación internacional permanente contra narcotráfico y lavado.

Transformación educativa

Meta:
Convertir a Ecuador en una economía basada en conocimiento.

Objetivos:

• Inglés y tecnología desde educación básica.
• Universidades conectadas con industria.
• Formación masiva en inteligencia artificial, programación y robótica.
• Carrera docente meritocrática y mejor pagada.

Diversificación económica

Meta:
Reducir dependencia petrolera.

Sectores estratégicos:

• Agroindustria avanzada.
• Turismo ecológico y cultural.
• Tecnología y servicios digitales.
• Energías renovables.
• Biotecnología y economía azul.

Reforma institucional

Objetivo:
Recuperar confianza ciudadana.

Cambios:

• Justicia independiente y rápida.
• Meritocracia en sector público.
• Digitalización estatal completa.
• Transparencia obligatoria en contratación pública.

Desarrollo territorial equilibrado

Meta:
Reducir desigualdad regional.

Acciones:

• Descentralización real.
• Inversión prioritaria en Costa, Amazonía y frontera norte.
• Corredores logísticos y puertos modernos.
• Ciudades intermedias con servicios completos.

Soberanía energética y ambiental

Objetivos:

• Matriz energética estable y limpia.
• Protección hídrica y forestal.
• Adaptación al cambio climático.
• Reforestación nacional y manejo sostenible de cuencas.

Objetivos permanentes nacionales

Ecuador podría adoptar metas nacionales comparables a políticas de Estado de países exitosos:

1. Reducir pobreza extrema por debajo del 5%.
2. Mantener estabilidad monetaria y fiscal.
3. Alcanzar educación técnica y digital universal.
4. Reducir homicidios a estándares internacionales bajos.
5. Convertirse en hub logístico del Pacífico sudamericano.
6. Garantizar independencia judicial.
7. Alcanzar cobertura universal efectiva de salud.
8. Transformar la economía informal en empleo formal.
9. Convertir la transparencia pública en norma institucional.
10. Construir una identidad nacional basada en productividad, legalidad y cohesión social.

El principal desafío no sería únicamente diseñar políticas, sino sostenerlas durante décadas con acuerdos nacionales entre gobierno, sector privado, academia, gobiernos locales y sociedad civil.

Daniel Noboa: Ecuador está entrando en una etapa de recuperación económica

 El mensaje a la Nación de Daniel Noboa del 24 de mayo de 2026 tuvo un eje claro: mostrar una narrativa de “estabilización” económica y fortalecimiento estatal, en contraste con el deterioro de seguridad y empleo percibido por buena parte de la población.

1. El núcleo del discurso económico

Noboa sostuvo que Ecuador está entrando en una etapa de recuperación macroeconómica, apoyándose en cinco indicadores principales:

• reducción de pobreza,
• inflación baja,
• crecimiento económico,
• aumento de exportaciones y depósitos,
• y generación de empleo.

Según el informe presidencial:

• la pobreza habría bajado a 21,4%,
• se registraron más de 1 millón de contratos laborales,
• se incorporaron 25.680 jóvenes al mercado laboral,
• y hubo 22.443 empleos ligados a infraestructura pública.

El discurso se enfocó mucho más en indicadores macro que en calidad del empleo o ingresos reales.

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2. Inflación: el punto más fuerte del Gobierno

Uno de los datos más sólidos a favor del Gobierno es la inflación.

Comparación anual de inflación en Ecuador

Año	Inflación aproximada
2022	2,1%
2023	1,8%
2024	1,5%
2025	1,2%–1,3%
2026 (proyección)	~1,0%

Lectura técnica

Ecuador mantiene inflación extremadamente baja por la dolarización. Eso ayuda a:

• preservar capacidad de compra,
• reducir incertidumbre,
• estabilizar tasas financieras.

Pero también refleja una economía de crecimiento moderado y bajo dinamismo del consumo interno.

Lo que el discurso omitió

La inflación baja no necesariamente significa mejora del bienestar:

• salarios reales siguen débiles,
• empleo informal continúa alto,
• y muchas familias perciben “carestía” por el aumento del IVA del 12% al 15% aplicado en 2024.

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3. Empleo: el punto más cuestionable

Aquí aparece la principal debilidad técnica del discurso.

Noboa habló de:

• “1 millón de nuevos contratos”,
• miles de empleos juveniles,
• expansión de obra pública.

Pero economistas advirtieron que:

• contratos registrados no equivalen necesariamente a nuevos empleos netos,
• muchos pueden ser renovaciones o reemplazos,
• y el empleo adecuado sigue estancado.

Comparación laboral

Indicador	2023	2025-2026
Desempleo oficial	~4,1%	~3,7%
Informalidad / empleo precario	~58%	>50%
Empleo adecuado	bajo	sigue débil

El problema estructural

La economía ecuatoriana sí ha evitado una crisis inflacionaria o fiscal grave, pero no ha generado suficiente empleo formal de calidad.

Incluso medios cercanos al análisis económico señalaron una paradoja:

mejores cifras macro, pero sensación social negativa.

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4. Crecimiento económico y estabilidad fiscal

PIB y crecimiento

Año	Crecimiento PIB
2023	2,5%
2024	2,6%
2025	2,8%
2026 (proyección)	2,5%–2,8%

Interpretación

El crecimiento existe, pero es moderado.

No es una expansión acelerada como:

• Perú post-pandemia,
• República Dominicana,
• o Paraguay.

Ecuador crece lentamente porque enfrenta:

• inseguridad,
• bajo crédito productivo,
• crisis energética reciente,
• y menor inversión privada.

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5. Pobreza: la cifra más debatida

Noboa afirmó que Ecuador alcanzó “la pobreza más baja de su historia”, alrededor del 20%-21%.

Sin embargo:

• parte de esas cifras son proyecciones,
• algunos analistas cuestionan la metodología,
• y existe diferencia entre pobreza monetaria y calidad de vida real.

Contradicción visible

Aunque la pobreza monetaria baje:

• aumentó el subempleo,
• creció el trabajo informal,
• y muchas familias sobreviven con ingresos menores al salario básico.

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6. Seguridad y economía: el gran choque

El Gobierno insiste en que la prioridad es seguridad.

Durante el informe:

• se reportaron más de 1,7 millones de operativos,
• 551 estructuras criminales desarticuladas,
• y cientos de capturas.

Pero el problema es que:

• Ecuador sigue registrando niveles históricos de violencia,
• hay estados de excepción recurrentes,
• y el sector productivo advierte impactos económicos severos.

Impacto económico de la inseguridad

La inseguridad:

• encarece logística,
• reduce inversión,
• golpea turismo,
• y presiona al comercio formal.

Ese factor limita mucho el efecto positivo de la estabilidad macroeconómica.

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7. Balance técnico del mensaje

Lo que sí parece sustentado

• inflación baja,
• estabilidad macro,
• reducción parcial del riesgo fiscal,
• recuperación moderada de crecimiento,
• mejora en depósitos y exportaciones.

Lo más débil o discutible

• calidad del empleo,
• impacto real sobre clase media,
• percepción de bienestar,
• y sostenibilidad del modelo de seguridad.

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8. Conclusión

El mensaje de Noboa fue económicamente más sólido en lo macro que en lo social.

El Gobierno intenta construir la idea de:

“orden económico + mano dura”.

Pero los datos muestran un país con dos realidades simultáneas:

Ecuador macroeconómico

• inflación controlada,
• crecimiento moderado,
• menor pobreza estadística,
• cuentas fiscales más ordenadas.

Ecuador cotidiano

• empleo precario,
• inseguridad extrema,
• salarios débiles,
• y deterioro de servicios públicos.

La gran pregunta para 2026-2027 será si la estabilidad macro logra traducirse en:

• empleo formal,
• inversión privada fuerte,
• y mejora tangible de calidad de vida.

Hasta ahora, esa conexión todavía no termina de consolidarse.

Compra de radio con gastos reservados y ahora medios digitales.

1. Denuncia de Gonzalo Rosero
   El director y propietario de la concesión, Gonzalo Rosero denunció que Diego Paredes negociaba la compra de Radio Democracia con fondos que, él sospechaba, provenían de una partida de “gastos reservados”. Dipòsit Digital UB+3observatorioanticorrupcion.ec+3Plan V+3
2. Anticipo
   Rosero recibió un anticipo (un cheque) por 66 millones 100 mil sucres (alrededor de 25.000 dólares de la época) firmados por Gladys Merchán, desde una cuenta de la Vicepresidencia que era señalada como dedicada a gastos reservados. El Telégrafo+3observatorioanticorrupcion.ec+3Plan V+3
3. Cancelación del negocio
   Luego, en agosto de 1995, Diego Paredes descartó la compra, y el anticipo quedó en poder de Rosero, quien lo mantuvo con el argumento de que debía ser “reposición por daños y perjuicios” provocados por la cancelación del trato. El Telégrafo+3observatorioanticorrupcion.ec+3Scribd+3
4. Investigaciones
   Se llevaron a cabo procesos judiciales e investigaciones en el contexto del escándalo de los gastos reservados durante el gobierno de Sixto Durán Ballén y la Vicepresidencia de Alberto Dahik. Plan V+3Scribd+3observatorioanticorrupcion.ec+3

 

✅ Lo que se sabe de La Posta y Radio Centro Digital 

1. Comprador y empresa

   • La empresa que adquirió los medios se llama Galamedios S.A.S. El Universo+2Fundamedios+2

   • El único accionista de Galamedios es Luis Ricardo Alvarado Campi, quien es asambleísta suplente del movimiento ADN, el partido del presidente Daniel Noboa. El Universo+1

   • Galamedios fue constituida en julio de 2025, con un capital social declarado de USD 50.000. El Universo+1

2. Montos y fechas de las compras

   Medio	Fecha de compra	Lo adquirido	Monto
   Radio Centro Digital	16 de agosto de 2025	80 % de Holdingvisión S.A.S., la empresa productora (800 acciones ordinarias) Plan V+2El Universo+2	USD 1,6 millones Plan V+2Fundamedios+2
   La Posta	22 de agosto de 2025	100 % de Levascan Cía. Ltda., operadora del portal digital La Posta El Universo+2Fundamedios+2	USD 1 millón, pagadero en tres cuotas: USD 500.000 al firmar, USD 300.000 en 2026, USD 200.000 en 2027 Fundamedios+1

   • En total, la inversión para los dos medios fue de USD 2,6 millones. Fundamedios+2El Universo+2

3. Compromisos de independencia editorial

   • Los antiguos dueños (de La Posta: Luis Eduardo Vivanco y Andersson Boscán; de Radio Centro: Juan Xavier Benedeti) han declarado públicamente que han firmado contratos que garantizan cláusulas de independencia y que la línea editorial no cambiará. El Universo+1

   • Por ejemplo, Benedeti dijo que “los espacios publicitarios se venden, los informativos y de opinión, no.” El Universo+1

4. Reacción pública y cuestionamientos

   • Ha surgido preocupación y debate sobre la concentración de medios en manos de personas con vínculos políticos. Fundamedios+2El Universo+2

   • También se han planteado preguntas acerca de la fuente de los fondos para realizar estas compras, puesto que Galamedios declaró en su constitución un capital de USD 50.000, lo cual parece bajo frente a los montos invertidos. Fundamedios+2Radio Pichincha+2

   • Hay solicitudes de que organismos como la Contraloría, la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico), y la Fiscalía revisen estas operaciones para descartar irregularidades. Radio Pichincha+1

⚠️ Las dudas que aún quedan

• No está claro del todo cómo Galamedios va a financiar el pago completo de las compras, sobre todo porque parte del precio se difiere hasta 2026-2027, y la capacidad financiera declarada del comprador parece limitada. El Universo+2Fundamedios+2

• Aunque los dueños anteriores aseguran que la línea editorial se mantendrá, la adquisición de medios por personas con vínculos políticos siempre genera suspicacias sobre la posible influencia futura. Hay quien considera que la independencia puede estar en riesgo aunque haya cláusulas contractuales.

• La transparencia del proceso (qué negociaciones previas hubo, informes contables, garantías, etc.) no está completamente documentada públicamente.

• Algunos se preguntan si estas compras responden a una estrategia formal de consolidación de medios bajo control político, lo cual implicaría riesgos para la pluralidad informativa.