Después de haber finalizado el proceso electoral y haber prometido a los trabajadores estabilidad laboral, la arremetida del gobierno y la clase empresarial es más descarada que antes.
Editorial Vientos del Sur | Para Kaos en la Red | 14-7-2009 | 46 lecturas
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Después de haber finalizado el proceso electoral y haber prometido a los trabajadores estabilidad laboral, la arremetida del gobierno y la clase empresarial es más descarada que antes. Han sido despedidos: 80 trabajadores del sistema de transporte municipal Ecovia de Quito, 100 del Seguro Social en la ciudad de Guayaquil, 600 de Petroecuador en Esmeraldas, 50 de Interagua en Guayaquil, 70 de la fábrica de palillos FESTA (Sector el Tingo), y 500 trabajadores del Consejo Provincial del Guayas, entre otros.
En este sentido, durante las últimas semanas, el país ha vivido una serie de manifestaciones que ya empiezan a cuestionar públicamentela orientación política y económica del Gobierno.Las movilizaciones de los trabajadores en defensa de sus derechos, la toma de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central para exigir que se cumpla la gratuidad de la educación, las marchas del magisterio oponiéndose a la evaluación docente y la constante lucha de las comunidades contra la minería, van desenmascarando lentamente las contradicciones de este gobierno y los intereses que defiende.
Sin embargo, el apoyo que le da un importante sector de la poblacióna la revolución ciudadana a través de los procesos electorales, esencia de la tan ‘anhelada democracia’, permite que el gobierno continúe transformando el marco legal de la nación, para consolidar el proyecto económico y político al que éste obedece.
Las Leyes y reglamentos darán forma a la constitución de Montecristi
Una vez aprobada la constitución, el actual régimen pretende -mediante leyes, decretos y reglamentos- consolidar su proyecto de desarme, cooptación y ataque hacia la clase trabajadora y sus diversas instancias organizativas. Lo que la constitución ambigua dejó abierto, las leyes irán cerrando de a poco, consolidando un proyecto político y económico capitalista, que reinventa y da un baño de frescura a la explotación, acentuando el dominio transnacional y posicionandohegemónicamente a grupos económicos tradicionales –Grupo La Favorita- y nuevos –las empresas de los tecnócratas y sus familias-.
Veamos por ejemplo algunos casos: a) la Ley de Minería, donde se garantiza la explotación minera a favor de grandes transnacionales, regalando nuestros recursos y perjudicando el medio ambiente donde habitan miles de campesinos e indígenas; b) la Ley de Aguas y Soberanía Alimentaria; c) y próximamente la Ley de Educación Superior, donde ya dejaron abierta la posibilidad para la privatización de la universidad pública, cuando se vincula la gratuidad con la responsabilidad académica, sin entender los problemas y las diferencias estructurales de una sociedad como la nuestra.
La Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Decreto 1701 del Ejecutivo son la punta de lanza de la profundización de la flexiblización laboral en el Ecuador.A continuación exponemos, de manera breve por el espacio, algunos de los puntos más conflictivos:
# La contratación colectiva sólo regirá para obreros, los cuales, según la ley, son en quienes prima el trabajo manual sobre el intelectual. “Quedan excluidos de la contratación colectiva de trabajo los servidores públicos que cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales y que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro de las entidades antes señaladas. La calificación de obreras y obreros sujetos al Código del Trabajo, y por ende a la contratación colectiva de trabajo, estará a cargo de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público- SENRES”.Esta es una estrategia clara de dominación sobre los trabajadores, basada en la concepción burguesa de la diferenciación entre trabajo manual e intelectual, que en términos prácticos busca separar a los trabajadores, dividirlos, para que sólo un porcentaje mínimo pueda acceder a la contratación colectiva.
# La contratación colectiva sólo podrá hacerse con trabajadores que no firmen un contrato individual, los cuales quedan prohibidos de acogerse a la contratación colectiva. Así pues, el 87% de los trabajadores públicos del Ecuador tienen contrato individual, es decir, no pueden ser acogidos por la contratación colectiva.
# Se le da un poder ilimitado al gerente general de las empresas públicas, puesto que son ellos quienes hacen los reglamentos institucionales. En el artículo 9 numeral 6 del proyecto de Ley Orgánica de Empresas Públicas se señala que es él quien puede aprobar y modificar los reglamentos que requiera la empresa, distintos a los señalados en el artículo 9, numeral 6, donde se determinan el funcionamiento del auditorio y el manejo de las auditorias; es decir todo aquello que no esté dentro de estos artículos, como por ejemplo la estabilidad de los trabajadores, sus horarios de trabajo y la posibilidad de removerlos de sus funciones, queda a disposición del gerente de cada empresa pública.
# Prohibición de fondos de cesantías o jubilación, se prohíbe el aporte de la empresa pública a entrega de fondos para cesantías o jubilación diferente al IESS.
# Los trabajadores que sufran accidentes de trabajo serán desechados de la empresa. Cuando un trabajador quede inhabilitado no se lo jubilará sino que se lo mandará a la calle, convirtiéndolo en trabajador desechable.
# Se busca restringir o eliminar: subsidio de antigüedad, vacaciones, bonos, permisos sindicales, permisos para hacer asambleas, se reducen las indemnizaciones por despido.
# Criminalización de la protesta mediante la conculcación del derecho de huelga.
Estos son sólo algunos de los puntos que agravan la situación de la clase trabajadora en el país, imponiendo de manera más sutil los mismos mecanismos del FMI y el Banco Mundial en los años 80 y 90. Se pretende progresivamente ir hacia la eliminación de la sindicalización en las empresas públicas, tal cual como lo hicieron con los sindicatos privados. Con la ruptura de la organización de los trabajadores del sector público, se deja abierta la privatización de las empresas públicas, o sino preguntémonos quiénes no han permitido la privatización de Petroecuador por ejemplo, o de empresas como las de agua potable o las eléctricas. La respuesta es clara: han sido los trabajadores organizados, los sindicatos. En conclusión, una vez destruida la organización de trabajadores (enemigo de la burguesía) habrá la posibilidad de privatizar empresas públicas, al propio estilo de la “larga noche neoliberal”.
Cooptación, utilización, fragmentación y criminalización
El gobierno y su arsenal de tecnócratas e intelectuales –entre ellos ex comunistas resentidos y fracasados- pretenden desmovilizar y descabezar la organización popular, haciéndola desaparecer o, por lo menos, cooptándola e incluyéndola dentro de lógicas que no atenten contra el orden capitalista. Identificamos cuatro variantes que el gobierno ha venido implementando contra las organizaciones de izquierda del país:
1) La cooptación es una herramienta utilizada con las organizaciones más débiles ideológica y orgánicamente. Se incluyen aquí los pequeños colectivos de jóvenes, las organizaciones de base barrial o popular, organizaciones campesinas pequeñas. La lógica oficial pretende institucionalizar sus formas de resistencia para despojarlas de su carácter combativo. Son grupos que luchan en su mayoría por demandas sectoriales y principalmente de carácter reinvindicativo, y han sido acogidos o relacionados con el Ministerio de Cultura, la Secretaria de los Pueblos, el MIES, etc.
2) La utilización de organizaciones de la izquierda tradicional, que por su carácter reformista, no dudan en incluirse dentro de las dinámicas del poder burgués, justificándose bajo el argumento de que desde adentro pueden radicalizar el proceso. Estas organizaciones están siendo desplazadas por el gobierno en la medida de que ya no son necesarias y se han convertido en una piedra en el zapato de Carondelet en su camino a la derechización.
3) La fragmentación es la estrategia utilizada dentro de organizaciones de clase que tienen algo de ascendencia en los sectores populares. Su división y ruptura parte primero del desprestigio de sus dirigentes y de su limitada proyección política. Además combinan esto con ataque legales a sus derechos, lo cual las deja sin piso a través de leyes y decretos.
4) La criminalización es una variante utilizada contra los sectores más radicales, los cuales no se alinean a la política gubernamental, sino que la denuncian y la combaten. A ellos también se los desprestigia e intenta aislarlos, pero también se los reprime legal y militarmente, como ha ocurrido con los compañeros que luchan contra la minería, refiriéndonos a ellos como organizaciones independientes de base y clase y no a las ong´s.
Este ataque contra la organización de clase no es sino la senda que permitirá la “modernización” del capitalismo en nuestro país. El gobierno debe deshacerse de sus enemigos políticos e ideológicos para poder cumplir con su proyección.
La lucha nos da lo que el patrón y las leyes nos quitan
Después de los sucesivos ataques contra su organización, los trabajadores continúan movilizándose y despertando del letargo revolucionario en que han sido sumergidos por el bombardeo publicitario sistémico del gobierno. Sin dudas, la marcha del 27 de mayo representó un sacudón para los garantes del poder. Los trabajadores salieron a las calles demostrando su potencia y fuerza, donde realmente la pueden demostrar: en la calle, no en las urnas.
Se despide a cientos de trabajadores, se pretende eliminar la contratación colectiva, se aumenta el costo de la vida y, es más, se va hacia una progresiva eliminación de la sindicalización en el Ecuador. Cabe recordar al pueblo trabajador que todas las conquistas han sido ganadas mediante la movilización, a través de la lucha y no con reformas legales o por la voluntad caritativa de los patrones. La fuerza social de la clase trabajadora es la única que puede llevar más allá sus derechos y mejorar sus condiciones de vida, es la destinada a pelear por una nueva sociedad.
Es momento de la unidad de las centrales sindicales, ir hacia la conformación de la Central Única de Trabajadores, compañeros ya basta de sectarismo y burocratismo, basta de dirigencias desclasadas y colaboracionistas, unamos la potencia proletaria en un solo puño.
Además, la izquierda revolucionaria debe asumir sus errores históricos y renovarse, desprendiéndose del oportunismo. Plantear un programa concreto al pueblo, despojarse de egos y fanatismos. Esa renovación dará un baño de frescura a la lucha popular.. Si bien es cierto que debemos desenmascarar a este gobierno y los intereses que defiende, no es menos cierto que debemos convertir al movimiento revolucionario ecuatoriano en la superación de la izquierda tradicional, no en su reproducción. Compañeros, a reforzarla organización,a dotarle de un carácter revolucionario y una práctica consecuente, a construir la estructura de lucha popular.
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