Dirigentes gremiales piden respeto a los derechos laborales, a los sistemas de carrera, armonizar la normativa con la Constitución, mecanismos de rendición de cuentas, mejorar la calidad de servicios y un trato especial a empresas estratégicas
En el marco de la socialización del proyecto de Ley de Empresas Públicas, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a dirigentes de movimientos sociales y organizaciones gremiales, quienes creen que el cuerpo legal recoge el anhelo de todos los ecuatorianos de rescatar los bienes y recursos que siempre fueron de propiedad del Estado y, por tanto, del pueblo que es el mandante.
En efecto, en la reunión de trabajo participaron el Presidente de la CONAIE, Marlon Santi; representantes de las centrales sindicales como la CTE, FUT, FETRAPEC, CEOSL, así como también delegados de la Asociación de TAME, del Colegio de Administradores Públicos, de Ingenieros Geólogos, Ingenieros Químicos, del Foro Energético, del sector hidrocarburífero y de los sectores ambientales de Pichincha, entre otros.
Representantes de las centrales de trabajadores pidieron que se garantice el respeto a los derechos laborales consagrados en la Constitución y en la OIT; que se defina la condición de servidor y empleado público para determinar la normativa que se aplicará en cada caso; que se establezcan parámetros de remuneración variable y que ningún trabajador gane menos que la remuneración básica unificada.
Adicionalmente, plantearon que en la conformación de las empresas se privilegie el contrato profesionales ecuatorianos sobre la base de la meritocracia, es decir, un 90% de personal nacional y únicamente personal extranjero en caso de que no exista en el país.
Creen conveniente que se incluya una regla que norme mecanismos de rendición de cuentas para transparentar el manejo de los recursos del Estado, así como veedurías ciudadanas.
Sugirieron que la conformación de las empresas públicas se haga mediante ley, no por decreto, tomando en cuenta que esta potestad quedaría a discreción de una sola persona y en futuros gobiernos podría cambiar las reglas de juego.
También consideraron importante dar un trato especial a las empresas estratégicas, a fin de permitir una administración técnica de tal forma que puedan competir adecuadamente en el mercado nacional e internacional y facultar a la Contraloría que ejerza su función de control y auditoría a todos los recursos públicos.
Sostuvieron que el gerente general de la empresa debe ser designado por el Directorio, de fuera de su seno, quien ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial, por tanto, el responsable directo de la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa; que se dé prioridad para este cargo a los administradores públicos y se respeten los sistemas de carrera profesional.
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