El Fiscal General del Estado, Dr. Washington Pesántez Muñoz, declaró como absurda, infundada e improcedente la acción de protección propuesta por los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, ante el pedido de audiencia de formulación de cargos por parte de la Fiscalía, a consecuencia del fallo dictado a favor de Jorge Hugo Reyes Torres, implicado en delito de narcotráfico.
En la audiencia convocada por el Juzgado Cuarto de lo Civil, los jueces: Abarca, Ortega y Salazar, alegaron, el Fiscal General explicó claramente que la Fiscalía como titular y detentadora de la acción penal pública, es el sujeto procesal principal e indispensable para la investigación y pesquisa de los delitos más lesivos contra la sociedad, “de ahí que es fundamental que se tenga en cuenta que la Fiscalía, al iniciar una instrucción fiscal, no lo hace en ejercicio de una prerrogativa, sino en cumplimiento de una obligación legal, más aún cuando existe una evidente conducta antijurídica y típica”, señaló.
“La Fiscalía evidenció que la resolución dictada por los Jueces adolece de graves errores tanto de fondo como de forma, lo que unido a la evidente violación de la ley configura el delito de Prevaricato, por tanto surgió la necesidad imperiosa de actuar, al estar frente a un delito de acción pública que antenta contra el bien jurídico de la correcta administración de justicia, ya que transgredieron la normativa que regula el recurso de casación penal, pues a sabiendas que no debían realizar un nueva valoración del acervo probatorio, procedieron a restar valor a pruebas de cargo y concluir finalmente en que se había probado conforme Ley, la responsabilidad penal de Jorge Reyes Torres.”, añadió.
El Fiscal añadió que estos hechos desnaturalizan el sentido de la acción de protección, que busca amparar a los ciudadanos del abuso de los poderes públicos, y que en este caso lo que se busca es obstruir la labor de la Fiscalía, que en representación de la sociedad debe investigar y acusar los delitos de mayor gravedad.
La Procuraduría General del Estado, pidió también que se deseche la demanda, ya que la acción es violativa a la ley y por lo tanto improcedente, pues los jueces no son los representantes de la Función Judicial, concluyó
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